EL MODELO PRIVATIZADOR

La corriente privatizadora de la sanidad pública, tan ponderada en la comunidad madrileña por la presidenta Aguirre, no sólo entraña riesgos en déficit de medios y personal que irán en detrimento del paciente. Yo lo interpreto como un saqueo a cara descubierta. Se mete la mano en la caja de todos para que unos pocos hagan el negocio redondo. Les pondré un ejemplo: el Salud aragonés mantiene un sistema de subcontratación de la limpieza de sus centros sanitarios. A pesar de tener un convenio (duramente peleado durante años) de equiparación económica y laboral con el personal estatutario de su categoría, argumentan que estas empresas privadas se sostienen porque se gestiona mejor su eficacia. ¿Es pues imposible la correcta gestión de lo público? En cualquier caso, esta excusa se cae por su propio peso. Las empresas de limpieza que trabajan para el Salud raramente cumplen con las jornadas de trabajo acordadas cuando accedieron al concurso. Esta merma de jornadas, que en definitiva no es otra cosa que menor número de personal trabajando, debería ser vigilada férreamente por la Administración. Sin embargo, nos encontramos con que se relativiza ese número de trabajadores y se sacan promedios anuales, de lo que debería ser un control diario de asistencias. Para que me entiendan, si debería haber 60 personas trabajando en la limpieza del turno de mañana de cualquier hospital, se hace la vista gorda a que haya 50 -por ejemplo- y se compensa con mayor afluencia en otros periodos, u otras prebendas de lo más variopintas. El resultado es que la calidad de la limpieza disminuye al tenerse que ejecutar las tareas diarias con menos gente. Del mismo modo, el material empleado se abarata para dar mayor margen al beneficio empresarial. Y tampoco hay que olvidar que estas subcontratas son un foco constante de conflictividad laboral. ¿A quién perjudica todo esto? En definitiva, al usuario y a los trabajadores. Si éste es el modelo de privatización que nos quieren vender, ya me disculparán si me entra la risa

Publicada en El PAÍS  1 de octubre de 2008