OTRO CUARTO Y MITAD DE CENSURA

El Gran Hermano lo ve todo. Vigila nuestros actos, escudriña las palabras que vomitamos en la red para buscar cualquier indicio  de delito. Insultos, vejaciones, acoso y amenazas que ya están tipificados en el código penal y que pueden conducir a sus autores a pasar una temporadita a la sombra. Lo ve todo sí. Pero no todo le inquieta de igual modo. Por ejemplo el caso de Pilar Manjón, que ha sido objeto de comentarios internaúticos tan elocuentes como: "Eres una puta zorra oportunista que brinda con quienes desmembraron a su hijo".  O el del concejal Zerolo que inspiró con su cáncer a las alimañas de las redes a manifestar alegría por su enfermedad y que originó un festival de injurias vejatorias contra el político. Son cosas feas propias de gente de baja calaña.  Igual que expresar alborozo porque a un cargo público le descerrajen tres tiros por la calle. No es elegante tampoco. Pero el ojo que todo lo ve mira diferente según de quién se habla. El caso de Isabel Carrasco no es un crimen político. Todo indica que se trata de un asunto privado cuyo móvil solo se puede entender achacándolo a la irracional ira que mueve a los asesinos desde tiempos ancestrales. Pero a este gobierno le interesa victimizarse desbordado como está por la creciente respuesta ciudadana a su política.  Por ese motivo invierten la carga de la prueba y hacen aparecer a Carrasco como mártir de la presunta persecución  que padecen los miembros del PP. Y con este argumento torticero el Ministerio del Interior quiere tipificar otro delito, como si tuviéramos ya pocos, que se base en la incitación al odio que según él pulula por las redes. Expresiones como: ¡Ojalá te mueras! podrían tener penas muy graves. ¿Y cuál será el tamiz que separe lo punible de lo no punible? ¿También dependerá de a quién vayan dirigidos?

La mala educación no se legisla aunque supongo que puede reprimirse. De hecho, medidas como ésta solo se toman en China y en otras notables dictaduras. Al final, a nadie engaña que lo que está en juego es la libertad de expresión de los españoles porque para castigar la mala entraña de algún twittero ya cuentan con suficientes recursos. 

Así se lo han señalado diversas asociaciones judiciales a Interior. Organizaciones como Jueces para la Democracia que entienden que crear un nuevo delito de incitación al odio sería una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada.

 Ya veremos que pasa. Pero si al final optan por tipificar la incitación al odio como un delito estarán cayendo en una paradoja. No solo incita a odiar el desvarío de un internauta bocachancla. El abandono institucional, la desesperación y la miseria frente a la pasividad de un gobierno infectado por un sarampión de corruptelas, tampoco incita al buen rollo (por decirlo suavemente, no me vayan a crujir). ¿Tendrá un anexo la ley para incluir esta variante? No lo creo porque, de ser así, las cárceles se inundarían de políticos y banqueros que incitan a tener muy malos pensamientos. Y me temo que las intenciones del gobierno no van por estos derroteros. Más bien au contraire. Lo que pretenden es mantenernos bien amordazados mientras los delincuentes campan a sus anchas.