¡AY LA VÍRGEN!

El día 27 de julio se votará en el ayuntamiento la propuesta de ZeC  (Zaragoza en Común) para que los concejales no vayan a los actos religiosos representando a las instituciones.
El nuevo equipo municipal propone que se ejerza la aconfesionalidad que defiende la constitución. Ya saben, aquello de separar la iglesia del estado que reza en nuestra cata magna desde hace 37 años y que en este país con olor a cirio, cerrado y sacristía no acabamos de interpretar correctamente. Por supuesto, los ediles serán libres de asistir a dichos actos a título personal pero sin lucir insignias municipales ni percibir horas extras (el consistorio empleó más de 8.ooo euros en este concepto solo el año pasado).
Una cuestión tan elemental como es la de aplicar este principio constitucional en una sociedad moderna ha creado una gran controversia. Algunos comentarios sobre esta noticia son tan desquiciados y tendenciosos que provocan más hilaridad que otra cosa. Los hay que sostienen que los bolivarianos del cabildo empiezan no yendo a misa para acabar prendiendo fuego a las iglesias. Otros, más cachondos, apuntan que los podemitas solo quieren asistir a misas negras y aquelarres. Más acordes con el origen satánico de su ideología anti-sistema.
Dejando a un lado el rugido de la caverna carpetovetona, la realidad es que estamos rodeados de países que se declaran oficialmente laicos. En Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Italia las autoridades políticas no pueden adherirse públicamente a ninguna religión o creencia que influya sobre la política nacional. Pese a ello, a nadie se le ocurre que la Merkel vaya a quemar la catedral de Frauenkirche o que Hollande  quiera montar un aquelarre en el parlamento francés.
Una vez más, España es diferente. Aunque nuestra constitución señala que el estado no se adhiere a ninguna religión oficial, en la práctica la religión católica nos cuesta a la ciudadanía (católica, atea, musulmana o judía) la friolera de más de 13.000 millones de euros anuales entre subvenciones, ayudas, mantenimiento de su patrimonio y exención de impuestos.
Hasta el pasado marzo estaba vigente la ley de inmatriculaciones que otorgaba a esta confesión la facultad de inscribirse a su nombre bienes por primera vez en el registro oficial. Gracias a ella la mezquita de Córdoba pasó a ser la catedral de Córdoba y la iglesia consiguió su titularidad por 30 euros.
Merced a la ley hipotecaria del gobierno de Aznar, la iglesia católica vivió su propio boom inmobiiario. Durante este periodo apuntaron a su nombre 4.500 propiedades que no estaban registradas. Y todo esto sin tener que hacerlo público ni pagar impuestos. ¿Se imaginan la que se liaría si esto mismo lo hicieran imanes o rabinos?
Pero además de la arbitrariedad con la que se beneficia a esta confesión frente a las otras (impropia de un estado que se declara aconfesional), no podemos olvidar la injerencia constante que la jerarquía católica ejerce sobre las decisiones políticas y las leyes en este país.
Desde ZeC se está dando un pequeño paso adelante para liberar a las instituciones de esta incongruencia. Nadie impedirá a un concejal o a un alcalde, si es misero como Belloch, acudir a las procesiones de semana Santa o del  Corpus Cristi. Pero deberá hacerlo a título personal y de balde. Sin cobrar un duro. Porque el fervor auténtico no tiene precio ni filiación política. Ya lo dijo otro elemento podemita llamado Jesucristo: A dios lo que es de dios y el estado a lo suyo. O algo así. ¿Qué opinión creen que tendría de todo esto? Pero claro, el tal Jesús, también era un poquico anti-sistema por lo que tengo entendido.