EL BIEN "PAGAÓ"

El sueldo del Gobernador del Banco de España ya es de dominio público. Aunque Ordóñez se resistía, por aquello de seguir las tradiciones oscurantistas de su casta, no le ha quedado más remedio que revelar que sus emolumentos rozaban los doscientos mil eurazos anuales a los que, precisamente ahora, aplica la reducción del 15% para dar ejemplo en eso de arrimar el hombro. Una fruslería para quien nunca tendrá que sobrevivir con el sueldo mínimo interprofesional ni con la mísera limosna-prestación de cuatrocientos veinte euros. A pesar de ser un servidor público, su comportamiento dista mucho de defender los intereses del Estado que representa. Sino, ¿cómo es posible que no pudiera prever el fiasco financiero que se nos avecinaba? Además no parece aprender nada porque, en vez de ahuyentar a los especuladores de nuestra economía, les sigue dando cancha y se convierte en portavoz de su mensaje desestabilizador. Tampoco dice nada de controlar a los bancos que nos estafaron con el beneplácito del Banco Central Europeo. Ni de la burbuja inmobiliaria y financiera que fue alimentada durante su gestión sin que ninguno de los eficientes y caros consejeros del Banco de España supieran predecir las dimensiones de su explosión. Ni del peligro de acumular el poder económico en la banca privada en detrimento de la pública. O de la necesidad de afrontar una política fiscal más justa que evite el fraude y la evasión de impuestos.
La única conclusión que ha extraído consiste en rebajar los derechos sociales disminuyendo el gasto público y recortando los derechos y salarios de los trabajadores con una salvaje reforma laboral. Lo que me lleva a pensar que, Fernández Ordóñez, no ha cumplido con las expectativas que nosotros, todos los ciudadanos del Estado español, teníamos sobre su papel regulador. Ha quebrantado, y sigue haciéndolo, la confianza que sus contratadores le habíamos depositado. ¿No es ésta suficiente causa objetiva de despido? Pues eso, que le apliquen la reforma laboral que tan fehacientemente ha defendido para engrosar la plantilla de la empresa más grande del país: el Inem. Aún así seguirá siendo afortunado puesto que, hasta entre los parados, existen clases y su finiquito proporcionaría a una familia media la renta necesaria para no tener que preocuparse por su futuro en los próximos veinte años. ¡Viva la justicia social y el cinismo institucional!