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CONTINÚA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN CAJAMARCA

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Sorpresivamente el gobierno peruano decretó una
prórroga por treinta días del "Estado de Emergencia" en Cajamarca.
Treinta días en los que el ejecutivo de Humala tratará de impedir el desarrollo
de nuevas movilizaciones por parte de la población opuesta al proyecto minero
Conga.



En Celendín, escenario de la muerte a balazos de 4
pobladores, intentamos pulsar el estado de ánimo de la gente. Circulamos
durante horas por una pista polvorienta, en construcción, camino de esta
localidad cajamarquina de 15.000 habitantes. Hoy se cumple un mes justo del
suceso y a la tarde se celebrará una misa multitudinaria por los fallecidos y
heridos por la policía. Todos los balcones con crespones negros. Pintadas
enormes de “Conga No Va” decoran las fachadas de las populares viviendas
celendinas.  Pese al estado de emergencia
el oficio fúnebre acaba en la calle y cientos de personas toman pacíficamente
la Plaza de Armas. Alto precio han pagado por defender la vida y el agua aquí
en la montaña.



El "Estado de Emergencia" no ha traído
mayor sosiego a la región.  Calles
tomadas por soldados y policías. Detenciones de periodistas, como Jorge Chávez,
en Celendin, durante el desarrollo de su trabajo. Desapariciones de dirigentes
ronderos campesinos, como  Heriberto
Cueva de la Cruz, arrancado de su casa en Pampa Verde, por un operativo de
policías y  personal  de la minera, tras golpear a su familia.



El ambiente en la capital regional es febril.
Frentes de Defensa, asociaciones y sindicatos se reúnen de urgencia para
acordar la estrategia ante la nueva situación. El “Comando Único” que dirije la
lucha considera medidas para romper el cerco impuesto por el "Estado de
Emergencia", llevando la protesta al exterior de las provincias en
suspensión democrática y extendiendo la movilización a otras regiones del país.



La prórroga del decreto de emergencia genera gran
sensación de impotencia en sectores urbanos (“el
gobierno se niega ferozmente a reconsiderar su postura y llevará a la región a
la ruina total….”).
Pero en las zonas rurales empuja a los ronderos
(guardias campesinas) a radicalizar su postura ante la certeza de que la mina
aboca a su comunidad y a la región a un desenlace fatal.  Las asambleas nocturnas se multiplican en los
poblados y el ambiente de reinicio de la lucha se respira en la alta sierra.



Especialmente ingrata resulta la situación de los
“facilitadores” designados por la Iglesia. 
El obispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, 
declaraba a los medios que era partidario de levantar el estado de
emergencia y de reiniciar el diálogo, objetivo imposible este tras la prórroga
gubernamental de la emergencia. La decisión gubernamental socava así la
autoridad moral de la cúspide eclesiástica peruana.

Negro Martínez



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