AVISO IMPORTANTE

El próximo sábado,24 de abril, está convocada una concentración en Zaragoza a las 20hs. en Pza. España para intentar frenar la ofensiva de falangistas, corruptos y jueces con morriña de la dictadura contra la dignidad de nuestr pueblo. Acudid para reivindicar nuestra memoria y la rehabilitar la memoria de los muertos y desaparecidos de la dictadura. Si no limpiamos la basura que amaga desde el pasado puede que no tengamos un futuro. A continuación os adjunto el manifiesto de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Aragonesa. Entre todos, podemos hacerlo.

Salud y un fraternal abrazo a mis escasísimos lectores.

 

 

 

 

Manifiesto de las Asociaciones de la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya y Mallorca respecto de la querella interpuesta a los magistrados del Tribunal Supremo, Señores Varela y Saavedra

 

Nosotros, Asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, y ante las actuaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, especialmente de su Presidente Sr. Juan Saavedra y del Magistrado Sr. Juez Luciano Varela, hemos considerado que debemos hacer pública nuestra postura y las razones por las cuales les hemos interpuesto una querella criminal.

 

Llevamos demasiados años confiando en que algún día en España se exigieran responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo. Cuando una luz de esperanza se había abierto para nosotros, con la causa iniciada por el Juez Garzón, hemos visto truncadas nuestras esperanzas ante las denuncias interpuestas por la derecha más recalcitrante, las cuales admitidas a trámites y aceptadas judicialmente han provocado que sea encausado y llevado a juicio por presunto delito de prevaricación y con ello cerrar cualquier posibilidad a nuevas investigaciones sobre crímenes que nos afectan directamente.

 

En el proceso dirigido contra el Juez Sr. Garzón se persiguen múltiples objetivos. El primero deshacerse de un Juez que molesta. El segundo, y principal, cerrar el acceso a la tutela judicial efectiva que como víctimas tenemos. Por esto, y ante actuaciones concretas de los Magistrados, Sres. Varela y Saavedra, hemos decidido interponer una querella criminal que, confiamos, sea tratada con la rigurosidad jurídica y el respeto debido.

 

Estamos convencidos que en España existen buenos y valientes jueces y es en ellos en quienes confiamos para que algún día logremos esclarecer los hechos,

establecer la verdad, alcanzar justicia y obtener una reparación por lo sufrido.

 

Respecto de la querella queremos aclarar que:

  

1º.- Se ha interpuesto en función de los actos propios de las personas en contra de las cuales nos dirigimos. Es decir, los magistrados Sr. Luciano Varela y Sr. Juan Saavedra, quienes con sus acciones, entendemos, han incurrido en delito de prevaricación. Ante acciones concretas, que las entendemos como delictivas, hemos accionado los mecanismos propios del Estado de Derecho que no son otros que los establecidos en las leyes en vigor.

 

2º.- Resulta sorprendente que unos Magistrados del Tribunal Supremo aparezcan como desconocedores de la relevancia y prelación que en nuestro ordenamiento tienen los tratados internacionales firmados por España (por mor del artículo 10 de la Constitución Española) y, en virtud de ellos, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo ni han prescrito ni son amnistiables. No es creíble ni admisible que se entienda que estos magistrados han actuado por error o confusión. Lo han hecho a sabiendas y con ignorancia deliberada no sólo de sus obligaciones sino de las normas que han de regir sus respectivos comportamientos. Se cumple con los requisitos del tipo penal que hemos imputado y no es creíble que los magistrados desconozcan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de derechos del 1966, y tratados como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, todos ellos firmados por España y, por tanto, parte integrante del “corpus” jurídico español de obligado cumplimiento.

 

Tampoco es creíble que desconozcan la figura del delito de prevaricación, que han llevado más allá de lo permisible legalmente. Interpretar la ley de amnistía con base en el derecho internacional no puede ser nunca un hecho criminal, porque entra en la función del juez y en de la interpretación, y no el de la prevaricación. Solo con razones que no entendemos ni compartimos, todas ellas de carácter –espureas- se puede entender que la forma de actuar del juez Sr. Garzon es jurídicamente insostenible e irracional.

4º.- La Jurisdicción española no sólo es competente para investigar y enjuiciar estos hechos sino que, además, es la jurisdicción preferente y la obligada a realizarlo. La desaparición forzada, además, es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la desaparición. Resultan, por ello, particularmente paradójico que la jurisdicción española haya sido capaz de perseguir a crímenes contra la humanidad por desapariciones forzadas y torturas sistemáticas cometidas en otros países, y no los cometidos en España.

 

5º.- No estamos defendiendo a un juez en detrimento de otros sino, simplemente, actuando en defensa de nuestros intereses como víctimas y, además, en defensa de los intereses generales de nuestro pueblo para que, de una vez por todas, transitemos hacia una auténtica democracia en la cual la verdad y la justicia esté por encima de los intereses políticos de los vencedores y responsables de crímenes tan graves como los cometidos durante el franquismo. El estado de derecho tiene una deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil española y de la dictadura, que se debe enmendar a través del derecho de las víctimas a recursos efectivos como son el ejercicio del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, todos ellos pilares de cualquier Estado de derecho.

 

6º.- Nuestra querella no es un ataque a la independencia judicial sino un aporte para, precisamente, consolidarla y defenderla siempre desde la perspectiva de que, en una auténtica democracia, todos somos cuestionables y sujetos a exigencias de responsabilidad por nuestros actos. Ser miembro del Tribunal Supremo o, incluso, simple Juez o Magistrado no es una puerta abierta a la impunidad y, mucho menos, cuando se está actuando de forma tal que se incurre en conductas delictivas.

 

7º.- Las posturas corporativistas de algunas asociaciones de Jueces y Fiscales podríamos entenderlas, pero no compartirlas ni aceptarlas. Porque las mismas se sustentan en un deseo de pretender mantener el estatus quo existente hasta estos momentos. No se puede pretender amparar los comportamientos de los querellados, Sres. Varela y Saavedra, sin, al mismo tiempo, generar una sombra de desprestigio sobre todo un colectivo en el cual hay grandes personas, profesionales intachables y, sobre todo, comprometidos con los valores de la Justicia y la democracia. Nos parece, además, incompatible invocar la independencia judicial y defender a la vez a aquellos magistrados que, precisamente, la ponen en grave peligro. El cuestionamiento del proceso que abrió el juez Sr. Garzón podía hacerse, como se hizo, desde la órbita jurídica a través de los cauces procesales oportunos. Sin embargo, el ataque directo al instructor achacándole la comisión de un delito inexistente, representa una utilización espuria de la vía penal que resulta inadmisible y claramente prevaricadora. Más allá de la suerte de Garzón, en este debate están en juego concepciones esenciales del Estado de derecho. El proceso contra el juez Garzón representa un grave precedente que tiene como consecuencia el amedrentamiento, desde una vía autoritaria, de a aquellos jueces que razonan por si mismos. Y a una visión jerarquizada y subordinada de la interpretación de las normas.

8º.- La independencia judicial como mejor se garantiza para el correcto funcionamiento de la propia administración de justicia y es una aberración confundir independencia judicial, que es una garantía individual de cada juez o magistrado, con incuestionabilidad de la justicia. Aquí, y si estamos en una auténtica democracia, todos debemos responder por nuestros actos y es inadmisible que se pretenda arropar comportamientos como los descritos en nuestra querella.

 

9º.- No estamos de acuerdo con la propia existencia de la Ley de Amnistía de 1977. Creemos, no obstante, que una correcta interpretación de la misma obliga a un previo conocimiento de los hechos, de las identidades de los culpables y de la asignación de responsabilidades. No puede existir amnistía, ni indulto ni perdón sin antes existir un proceso judicial en el cual se determinen las responsabilidades que a cada cual le correspondan. Hasta ahora, lo que se viene intentando hacer es presentarnos la Ley de Amnistía como si la misma fuese una de "punto final" y no lo es. Aplicar la ley de forma respetuosa con el derecho internacional para remover los obstáculos internos que perpetúan la impunidad es, sin lugar a dudas, lo que debería hacer todo juez, cuando estamos ante graves violaciones de derechos humanos en tanto crímenes de derecho internacional.

 

10º.- Todos aquellos que están actuando para impedir el esclarecimiento de los delitos cometidos durante el franquismo, sean o no jueces, tienen unas concretas responsabilidades legales y es nuestro deber y derecho, como víctimas de esos delitos, el exigir judicialmente las responsabilidades que consideremos oportunas. El Tribunal Supremo no es un órgano incuestionable y debería servir de referencia moral a toda la ciudadanía pero, con comportamientos como los que se vienen generando por miembros de la Sala Segunda de dicho Tribunal es evidente que la imagen pública de alta institución Judicial sale gravemente dañada y que genera un estado de frustración y de confianza a las cuales como víctimas del franquismo hemos de decir BASTA YA.

Criminalizar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial, por cuanto se impone su criterio de interpretación desde la cúspide como si estuviéramos ante una organización de carácter militar. Es una imagen del pasado. Además, con ello se desincentiva la imaginación jurídica, moldea jueces conformistas y sumisos al poder y a la jerarquía. Se genera con ello un obstáculo insalvable para la imprescindible evolución de la jurisprudencia e impone una cultura judicial autoritaria no acorde en un estado democrático.

Cultura judicial autoritaria que viene a vincularse con la impunidad de los crímenes de estado cometidos durante la dictadura y que hace con ello inmunes de hecho y de derecho a los responsables del pasado y del presente, dedicando su potestad a perseguir a la ciudadanía que más sufrimiento ha padecido los efectos desbastadores de la dictadura. Por eso volvemos a decir, BASTA YA y no A LA IMPUNIDAD.

Estas y no otras son las razones que nos han llevado a querellarnos en contra de los jueces Sres. Varela y Saavedra.