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UNA LEY COBARDE

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La ley de la Memoria Histórica no puede ser una ley cuando permite injusticias insoportables que violan los derechos humanos. El aniversario del fusilamiento de Companys, ha avivado la polémica al seguir vigente la pena de muerte sobre el president. La justicia parece no ver ninguna ilegalidad, respecto a la legislación de la época. Y esto es lógico si entendemos que "el régimen" diseñó todo un entramado judicial que le permitió dar apariencia legal a los asesinatos y graves violaciones de los derechos humanos que cometían. El exterminio ideológico que, de forma sistemática, fué llevado a cabo por Franco se revistió de oficilalidad definiéndolo como "sentencias de muerte". Estos asesinatos de Estado no pueden ser considerados como actos jurídicos conformes a derecho. No se avanza en la recuperación de los restos de muchas otras víctimas y no se ha conseguido la ilegalización de las sentencias de los ejecutados. Nuestra ley de la Memoria no es capaz de deslegalizar el asesinato de 190.000 españoles. Ni siquiera ha abierto una investigación independiente sobre la desaparición de otros muchos miles de personas. Es la tibieza y la debilidad de la ley lo que permite que grupos de ideología fascista, como los detenidos estos días, hagan apología golpista y ataquen a cuanto esté relacionado con la memoria histórica. La impunidad legal con la que aún se mueve la extrema derecha en este país, beneficia que algunos grupúsculos se animen a practicar actos terroristas. Resulta indecente que los represaliados tengan menos derechos que quienes aplauden y siguen a sus criminales.

Publicada en El Periódico de Aragón el 30 de  octubre del 2009 y en Público el 1 de noviembre

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